Una jueza federal de Estados Unidos determinó que fue ilegal la decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, al considerar que el proceso no cumplió con los parámetros legales establecidos por la ley estadounidense.
La resolución judicial señala que la administración que impulsó la anulación del TPS no realizó una evaluación objetiva y adecuada de las condiciones reales en los países beneficiarios, lo que invalidó la decisión de poner fin a la protección migratoria.
Con este fallo, el TPS queda restituido para miles de hondureños que residen en Estados Unidos bajo este estatus, permitiéndoles mantener su permanencia legal y sus permisos de trabajo mientras continúan los procesos legales correspondientes.
Organizaciones defensoras de migrantes valoraron la decisión como un alivio para familias que llevan años viviendo legalmente en EE. UU., aunque advirtieron que el futuro del TPS aún dependerá de resoluciones judiciales y decisiones políticas posteriores.
