Luis Redondo llega al final de su paso por el Congreso Nacional como entró: sin consenso, sin legitimidad y rodeado de conflicto. Su salida no deja legado legislativo, deja una estela de confrontación institucional, abuso del poder y una peligrosa normalización de la arbitrariedad.
En los días previos a la instalación del nuevo Congreso, Redondo bloqueó deliberadamente el proceso de transición, negó el acceso a comisiones legalmente acreditadas y convirtió un acto administrativo básico en un pulso personal. No fue un error, fue una decisión: atrincherarse, cerrar puertas y ejercer el poder como si fuera propiedad privada.
Fuentes cercanas al Legislativo describen una escena inquietante: un presidente del Congreso solo, encerrado hasta altas horas de la noche, aislado políticamente, sin interlocución, sin respaldo parlamentario, aferrado a un cargo que ya no le pertenece. No dialoga, no coordina, no transfiere: resiste. Y en esa resistencia revela lo que siempre fue su gestión: un ejercicio personalista del poder.
Su mandato, además, nació viciado. Fue electo sin alcanzar los votos constitucionales requeridos, una irregularidad que marcó todo su período y que hoy lo persigue hasta el último minuto. Redondo no se va por voluntad democrática: se va porque el tiempo constitucional se agotó, no porque haya rendido cuentas.
Hoy deja el Congreso rechazado por el electorado, derrotado en las urnas y aislado políticamente. La historia no lo recordará como un líder, sino como una advertencia: lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin límites, sin legalidad y sin respeto por la institucionalidad.
