A 17 días de concluir su mandato, la presidenta Xiomara Castro dejó sin valor ni efecto las denuncias presentadas por el Estado de Honduras contra el tratado de extradición con Estados Unidos, decisión que el Gobierno calificó como una señal de compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Según la posición oficial, la mandataria consideró que mantener vigente el tratado de extradición es fundamental para fortalecer la cooperación bilateral y evitar retrocesos en los esfuerzos conjuntos contra las redes del narcotráfico que operan en la región.
No obstante, en el mismo pronunciamiento, Castro expresó una fuerte contradicción política al señalar que un eventual indulto en Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado por delitos relacionados con el narcotráfico— debilitaría los esfuerzos binacionales para combatir este flagelo.
De acuerdo con el mensaje presidencial, una decisión de ese tipo pondría en riesgo la credibilidad de la cooperación internacional en materia de justicia, al enviar señales contradictorias sobre el compromiso real contra el tráfico de drogas que afecta tanto a la sociedad estadounidense como a los pueblos de Centroamérica.
El anuncio se produce en un contexto político sensible, marcado por el cierre del actual gobierno y el debate sobre el rumbo de la política exterior y de seguridad del país.
