El Diario Oficial La Gaceta publicó el decreto aprobado por el Congreso Nacional para ordenar un proceso de justicia electoral y el recuento voto por voto de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos correspondientes a las elecciones generales de 2025, decisión que ha generado fuertes cuestionamientos jurídicos y constitucionales.
Diversos especialistas en derecho constitucional y electoral advierten que, pese a su publicación oficial, el decreto carece de validez legal, ya que fue aprobado en una sesión sin quórum y, además, el Congreso Nacional no tiene competencia para intervenir en procesos electorales una vez
emitida la declaratoria oficial de elecciones.
De acuerdo con la Constitución de la República y la Ley Electoral de Honduras, las únicas instancias facultadas para conocer, revisar o impugnar resultados electorales son el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El Poder Legislativo no puede sustituir, modificar ni asumir funciones que la ley asigna expresamente a estos órganos.
Juristas explican que la publicación en La Gaceta no subsana la ilegalidad de origen, ya que un acto nulo por falta de competencia y quórum no adquiere validez por su sola divulgación oficial, principio ampliamente reconocido en el derecho administrativo hondureño.
La medida se da en medio de un clima de alta tensión política, mientras distintos sectores exigen respeto al orden constitucional, a la separación de poderes y a los mecanismos legales establecidos para dirimir controversias electorales.
